Orden de captura

La orden de captura es una providencia judicial que contiene datos relacionados con la investigación penal, específicamente la descripción del motivo por el cual se libra la orden, la identidad del sujeto indiciado o imputado, la conducta por la cual se adelanta la investigación o el delito por el cual fue condenado, la fecha de los hechos y el fiscal que dirige la investigación y/o el juez que ordena la captura.

Listas restrictivas

Se definen como listas de personas y entidades que presentan actividades sospechosas, investigaciones, sanciones, procedimientos o condenas por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) a nivel nacional e internacional.

Embargo y secuestro de bienes

El embargo es un proceso judicial que implica la retención por deudas que no han sido canceladas en su oportunidad. Adicionalmente, como todo proceso judicial, esto debe ser ordenado por un juez de la República a solicitud de un acreedor, cuya obligación no ha sido cancelada a tiempo por el deudor.

Extradición

Acto formal y solemne por medio del cual un Estado ofrece, concede o solicita la entrega de un sindicado o condenado, nacional o extranjero, a otro Estado, por la presunta comisión de un delito en el territorio del Estado requirente.

Expropiación

Según la Corte Constitucional de Colombia, la expropiación puede definirse como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa.

PEP — Personas Expuestas Políticamente y Públicamente

De acuerdo con el Decreto 1674 de 2016, compilado en el Título 4, Capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015, las personas expuestas políticamente (PEP) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente.

Las personas indicadas como PEP tienen la obligación de informar su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Antecedentes disciplinarios

Registro de sanciones e inhabilidades disciplinarias impuestas a servidores públicos y, en los casos previstos por la ley, a particulares. El certificado ordinario de la Procuraduría contiene las sanciones o inhabilidades vigentes.

Responsabilidad fiscal

Situación jurídica derivada de una decisión en la que se atribuye responsabilidad por un daño ocasionado al patrimonio público. No equivale por sí misma a una condena penal.

Antecedentes contractuales

Anotaciones relacionadas con sanciones o inhabilidades que pueden afectar la posibilidad de una persona natural o jurídica de contratar con entidades públicas.

Pérdida de investidura

Decisión judicial mediante la cual una persona pierde su condición de miembro de una corporación pública por incurrir en alguna causal establecida legalmente.

Inhabilidades e incompatibilidades

Restricciones legales que impiden ejercer determinados cargos, celebrar contratos o desarrollar ciertas funciones debido a una sanción, condena, conflicto de interés u otra circunstancia prevista en la ley.

Proceso judicial activo

Existencia de una actuación o proceso registrado ante una autoridad judicial. La aparición de una persona como parte de un proceso no implica necesariamente que haya sido condenada o declarada responsable.

Medida de aseguramiento

Decisión provisional adoptada por una autoridad judicial dentro de un proceso penal para garantizar la comparecencia del imputado, proteger la investigación, la víctima o la comunidad. No equivale a una condena.

Detención preventiva

Privación provisional de la libertad ordenada dentro de un proceso penal antes de que exista una sentencia definitiva. No constituye por sí misma antecedente de condena.

Prisión domiciliaria

Medida o forma de ejecución mediante la cual una persona permanece privada de la libertad en su domicilio, bajo las condiciones y controles impuestos por la autoridad judicial.

Libertad condicional

Mecanismo que permite a una persona condenada cumplir fuera del establecimiento penitenciario la parte restante de la pena, sujeta a obligaciones y condiciones judiciales.

Suspensión de la ejecución de la pena

Decisión judicial que suspende temporalmente el cumplimiento efectivo de una pena, siempre que se satisfagan las condiciones legales y judiciales correspondientes.

Extinción de dominio

Procedimiento judicial mediante el cual puede declararse la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes relacionados con actividades ilícitas, sin compensación para su titular. Debe diferenciarse de la expropiación.

Comiso o decomiso de bienes

Medida que afecta bienes, instrumentos, recursos o productos vinculados con una conducta ilícita, de acuerdo con una decisión de la autoridad competente.

Prohibición de enajenar bienes

Restricción que impide temporalmente vender, transferir, gravar o disponer jurídicamente de determinados bienes mientras se cumple una orden de autoridad competente.

Proceso de insolvencia

Procedimiento jurídico mediante el cual una persona o empresa busca reorganizar sus obligaciones o liquidar su patrimonio ante la imposibilidad de atender sus deudas. No constituye por sí mismo un delito.

Liquidación judicial

Procedimiento mediante el cual se venden o adjudican los bienes de una persona jurídica o natural para pagar sus obligaciones, bajo la dirección de una autoridad competente.

Deudor alimentario moroso — REDAM

Condición registrada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado como mecanismo de control para promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Medidas correctivas — RNMC

Registro de comparendos, expedientes y medidas correctivas impuestas conforme a las normas de convivencia ciudadana. Son actuaciones policivas o administrativas y no equivalen automáticamente a antecedentes penales.

Sanciones administrativas

Consecuencias impuestas por una autoridad administrativa por incumplir obligaciones legales o regulatorias. Pueden consistir en multas, cierres, suspensiones, amonestaciones o cancelaciones.

Sanciones tributarias

Consecuencias administrativas impuestas por incumplimientos relacionados con declaraciones, pagos, información u otras obligaciones fiscales. Deben diferenciarse de los delitos tributarios.

Sanciones ambientales

Medidas administrativas impuestas por autoridades ambientales, como multas, cierres, decomisos, suspensión de actividades o revocatoria de permisos. No equivalen automáticamente a responsabilidad penal.

Proceso de cobro coactivo

Procedimiento utilizado por una entidad pública para exigir directamente el pago de una obligación a su favor, de acuerdo con las facultades atribuidas por la ley.

Medida de protección

Orden emitida por una autoridad para proteger a una persona frente a violencia, amenazas o situaciones de riesgo. Puede incluir restricciones de acercamiento, desalojo u otras medidas preventivas.

Prohibición de salida del país

Restricción dispuesta por una autoridad competente que impide temporalmente a una persona salir del territorio nacional. No representa por sí misma una condena penal.

Desacato

Incumplimiento de una orden judicial que puede dar lugar a sanciones mediante el trámite correspondiente. La existencia del trámite debe diferenciarse de una decisión sancionatoria definitiva.